Venezuela anunció ayer que este jueves iniciará el procedimiento para abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA), un paso que no ha dado ningún otro Estado antes y que requiere dos años de espera hasta hacerse efectivo.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que hoy su Gobierno presentará "la carta de denuncia" a la OEA porque el organismo aprobó la convocatoria de una reunión de cancilleres sobre la crisis política del país pese a la oposición frontal del Ejecutivo a esa sesión.

El proceso para pedir la salida de la OEA, algo sobre lo que no hay precedentes, comienza con que el Gobierno del país en cuestión presente una comunicación escrita a la Secretaría General en la que se anuncie la decisión de denunciar la Carta de la OEA, su documento fundacional de 1948.

"Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba", indica el artículo 143 de la Carta de la OEA.

"Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta", agrega.

Así, hasta que transcurran esos dos años, el país es "miembro pleno con todos sus derechos y obligaciones", explicó a Efe el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.

Entre esas obligaciones está pagar la deuda pendiente de su cuota como miembro de la OEA, que hasta diciembre de 2016 ascendió a 8.764.449 millones, mientras que este año aún no ha pagado los 1.829.700 millones que le corresponden en función de criterios socioeconómicos.

Esa deuda que acumula Venezuela es anterior a cuando inicio el mandato de Luis Almagro como secretario general en mayo de 2015, con quien el Gobierno venezolano está enfrentado frontalmente por haber sido una de las voces internacionales más críticas con su gestión.

El Gobierno de Venezuela no se refirió ayer a esta deuda pendiente, por lo que está por ver si aceptara pagar el monto que debe.

Pero las obligaciones de la Carta de la OEA no son solo económicas, ya que estipula que los países miembros deben respetar la democracia representativa, los derechos humanos, la separación de poderes y la libertad de expresión, precisamente los elementos que Almagro y un grupo de entre 14 y 20 países (en función de qué cuestión se aborda) piden al Gobierno venezolano que respete.

Sin embargo, la canciller venezolana aseguró que su Gobierno no participará en lo sucesivo "de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz" en su país.

Ni siquiera Cuba, a la que se suspendió de la OEA en 1962 y se le levantó la suspensión en 2009, ha denunciado nunca la Carta de la OEA, por lo que sigue siendo un Estado miembro, aunque no participa y asegura que no tiene ningún interés en volver a hacerlo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido siempre pronunciándose y recibiendo casos de Cuba, al considerar que la sanción a su Gobierno no tiene por qué dejar desprotegidos a sus ciudadanos.

Venezuela denunció el 10 de septiembre de 2012 -y entró en vigor el 10 de septiembre de 2013- la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que la CIDH solo puede enviar a la Corte casos de Venezuela ocurridos entre el 24 de junio de 1981 y el 10 de septiembre de 2013, informaron a Efe fuentes de ese organismo.

Para dejar de formar parte de la CIDH, y que este organismo no pueda pronunciarse sobre el país o atender casos del mismo, el Estado debe denunciar la Carta de la OEA, es decir, pedir la salida de la organización en su conjunto.

Pero aunque Venezuela pida, como ha anunciado, iniciar el proceso de abandonar la OEA hoy, la CIDH podrá seguir atendiendo violaciones de derechos humanos en el país hasta que se haga efectiva su salida de la organización dentro de dos años. 

EFE - Cristina García Casado